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Esguerra JHR

Reflexiones sobre el proyecto de ley de rescate económico

Con el fin de contribuir al estudio y al debate del Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, conocido como proyecto de ley de rescate económico, que el Gobierno radicó el 29 de octubre de 2026, Esguerra JHR presenta las siguientes reflexiones sobre los cambios que propone, que recogen lo discutido por socios de la firma en el seminario web del 5 de noviembre de 2026 y analizan los cuatro pilares de la iniciativa: el ajuste del gasto público, el impuesto sobre las ventas (IVA) y su mecanismo de devolución, la carga tributaria de las personas naturales y las cotizaciones a la seguridad social. También examinan el impuesto al consumo, pues estas medidas tendrían efectos importantes en el déficit fiscal, en la actividad económica, en los contribuyentes y en los consumidores.

Se pone de presente que, con posterioridad a este seminario web, el presidente Abelardo de la Espriella, en la alocución del domingo 15 de noviembre de 2026 en la que presentó el balance de sus primeros 100 días de gobierno, anunció que «no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas del IVA sobre el sector agropecuario», y que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del impuesto del 19 % al 18 % o al 17 %.

El anuncio se aparta del texto radicado que, a partir de 2028 eliminaría la tarifa del 5 % y gravaría al 19% bienes de la canasta familiar como el café, el azúcar, las pastas, los aceites comestibles, las frutas y la mayoría de las hortalizas, de modo que impactaría el segundo pilar del proyecto y la dimensión del mecanismo “EfectIVA”.

En la misma intervención, el Presidente manifestó que la ley de rescate económico «no es una imposición», sino un proyecto en construcción abierto a alternativas que permitan cumplir la meta de recaudo y destacó el recorte directo y permanente del gasto por más de 23 billones de pesos y la venta de activos improductivos de la Nación por cerca de 4 billones de pesos. En el mismo balance reportó un recorte de 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, aunque advirtió que «los recortes no son ingresos y la venta de activos toma tiempo». Ahora bien, como estos anuncios aún deben reflejarse en el articulado durante el trámite legislativo, las reflexiones que siguen se refieren al texto radicado.

En el trámite del Proyecto de Ley, el 10 de noviembre las comisiones económicas del Senado designaron un único ponente en cada una (David Barguil en la Comisión Tercera y Carlos Mario Farelo en la Comisión Cuarta), lo que generó críticas por dejar por fuera a las demás bancadas, en medio de la discusión sobre si el proyecto debía tramitarse solo en las comisiones terceras.

Finalmente, el Gobierno aceptó que el proyecto se discutiera en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, conforme a la recomendación de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa (UATL), por incluir materias de reserva orgánica de presupuesto. Se designaron 31 congresistas de distintas bancadas, incluida la oposición, distribuidos en 5 coordinadores y 26 ponentes. La primera reunión con el Gobierno quedó programada para el 17 de noviembre en el Ministerio de Hacienda, con la expectativa de aprobar el proyecto antes del 16 de diciembre, cuando termina el periodo de sesiones ordinarias.

Reflexiones realizadas por Esguerra JHR

Carolina Martínez, socia de la Firma y moderadora del seminario web realizado el 5 de noviembre pasado, titulado Reflexiones sobre el proyecto de ley de rescate económico, indicó que esta iniciativa, radicada por el actual Gobierno el 29 de octubre de 2026 en la Cámara de Representantes, con el número 477 de 2026 Cámara, tiene cuatro pilares, mediante los que el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal, situación complicada a la que se ha llegado producto del aumento del gasto de gobiernos anteriores y, particularmente, del último gobierno.

Como se presenta ese preocupante déficit fiscal, se registra una gran presión financiera, a lo que se adiciona los préstamos que el Gobierno obtuvo para financiar el presupuesto. El presupuesto general de la Nación (PNG) para el 2027 es de un poco más de 634 billones de pesos, que se presentó al Congreso de la República completamente financiado y al que denominaron “presupuesto de la verdad”, cuya financiación, en muy buena parte, se asentó en la deuda.

Dado que no se logró la conciliación de los textos del PNG en el Senado y la Cámara, se tuvo que expedir el

presupuesto por decreto, como señala el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996).

Entonces, se tiene un PNG financiado, de manera que el proyecto de ley de rescate económico que propuso el Gobierno no es un proyecto de ley de financiamiento, sino una ley de ajuste fiscal que tiene cuatro pilares para lograrlo y, según el mismo proyecto, ese ajuste debería llegar a 4,7 % del PIB en el 2030, frente a un déficit primario de alrededor del 3,5 % del PIB en 2025 (el balance primario corresponde a los ingresos menos los gastos de la Nación, sin contar los intereses de la deuda). Así, entre mayores ingresos y menor gasto, el efecto de la ley se estima entre 3,6 % y 4,1 % del PIB por año entre 2028 y 2030, es decir, entre 80 y 100 billones de pesos anuales, aproximadamente.

Entonces, la ley de rescate es una reforma bastante ambiciosa de cuatro pilares. El primero es el ajuste fiscal en relación con el gasto, que solamente representa cerca de la cuarta parte de lo que el Gobierno pretende ajustar en los próximos años. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comentó en un conversatorio que las metas de ajuste del gasto público son simplemente decisiones de índole política que quedan en la ley y demuestran más bien una voluntad política, por ejemplo, decir que se tienen que reducir en 50 % los contratos de prestación de servicios, o que la nómina del Estado debe reducirse en 20 %.

Pero hay otras metas que requieren de facultades extraordinarias, con respecto a las cuales se incluyen mecanismos en el proyecto de ley, con el fin de otorgarle potestad al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella durante los seis meses siguientes a la expedición de la ley de rescate económico, para suprimir, fusionar y escindir entidades del Estado, y enajenar activos. En la exposición de motivos y en la divulgación del proyecto de ley, el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, señalan que hay muchas entidades del Estado improductivas que no están cumpliendo las funciones y que hay mucha nómina de esas entidades que no se requiere, de manera que el Estado se tiene que reducir considerablemente.

El vicepresidente Restrepo ha expresado que el 70 % de ese ajuste está en manos del Gobierno, sin embargo, esta cifra, conforme se ve en la exposición de motivos no es tan cierta, porque realmente el gasto que se ajusta es solo la cuarta parte, entre 0,7 % y 1 % del PIB, de lo que se pretende ajustar al 2030. Sí es un gran esfuerzo, pero no es todo lo que pretende esta ley de ajuste fiscal.

Además, han identificado muchos bienes de carácter improductivo que están en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o que están en esas entidades que administran estos bienes, los cuales tienen que ser vendidos. Siendo esta la proyección de lo que el Estado puede llegar a ajustarse, en relación con el gasto, en los próximos cuatro años.

El segundo pilar de la ley de ajuste fiscal es el IVA, y el mecanismo de devolución del IVA denominado “EfectIVA”. Sí bien es un buen principio, tiene una brecha muy importante entre ese diseño y la promesa del Gobierno, pues tendrá que verse cómo se va a realizar esa devolución del IVA porque en el proyecto de ley muchos de los bienes que tenemos como exentos y excluidos pasan a estar gravados a la tarifa del 19 %, entre otras cosas, porque la tarifa diferencial del 5 % se elimina completamente. Y varios bienes de la canasta familiar, como el café, el azúcar, las pastas, los aceites comestibles, las frutas y la mayoría de las hortalizas, van a pasar a estar gravados a la tarifa del 19 %, aunque los alimentos básicos (pan, arroz, carnes, leche, huevos, entre otros) seguirían sin IVA. La pregunta entonces es ¿cómo va a funcionar, entonces, esa compensación del EfectIVA para las personas que están en los deciles más bajos de la población y que van a pagar ese impuesto? Es uno de los retos más importantes del Gobierno lograr realmente esa compensación.

Varios economistas y el Fondo Monetario Internacional consideran que la mejor opción es la devolución del IVA en el mismo momento en que el cliente final realiza la compra del bien o del servicio, pero el proyecto de ley plantea que las personas, a través de la facturación electrónica, van a recibir esa devolución de hasta 5,5 unidades de valor tributario (UVT) mensuales por persona.

También hay estudios que señalan que en los hogares colombianos, de esos deciles de población (de

ingresos bajos), solamente el 30 % de su gasto se registra mediante facturación electrónica, de forma que va a ser muy difícil que esas personas, cuyo consumo mayoritario no está en facturación electrónica, puedan lograr una devolución que compense lo que tributen del IVA.

Probablemente habría sido más progresivo, pero es simplemente una idea, que se hubiera hecho una devolución a través de unos estudios económicos que señalen cuánto puede gastar una persona, en un determinado decil de ingresos, y devolverle directamente, con errores, seguramente, pero el hecho de que se haga a través de la facturación electrónica, con los retos que tenemos al respecto y con el hecho de que muchas personas realmente consumen el mercado donde no hay facturación electrónica, es muy retador. Según el proyecto, mediante el mecanismo EfectIVA se devolvería a los consumidores cerca de 0,8 % del PIB por año, unos 20 billones de pesos anuales, por lo que es una reforma bastante ambiciosa.

El tercer pilar son las personas naturales y su carga tributaria total. Se proyecta que el 10 % de los hogares con mayores ingresos en Colombia asumiría el 97 % del esfuerzo tributario de esos hogares, mientras que en los grupos de menores ingresos se mejoraría ese ingreso que tienen disponible, pero esos resultados tienen que interpretarse como una simulación completa de todo el conjunto de medidas tributarias del proyecto de ley.

No se puede hacer un análisis medida por medida. Aunque se bajaría el umbral a partir del cual se empieza a pagar el impuesto sobre la renta, que hoy es a partir de cerca de 9 millones de pesos de salario mensual, a unos 5,5 millones de pesos, con una tarifa marginal del 9 %.

Y, por último, el cuarto pilar corresponde a las cotizaciones a la seguridad social en salud. Se busca financiar la salud, pero también se debe medir cuál es el costo en el empleo formal porque se propone limitar la exoneración de aportes a salud, SENA e ICBF que hoy beneficia a los empleadores por los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). La exoneración solo aplicaría por los trabajadores que devenguen hasta 2 SMLMV; mientras que respecto de trabajadores que devenguen entre 2 y 3 SMLMV se

pagaría un aporte reducido, por esos subsistemas, del 6 %; y, por encima de 3 SMLMV, no habría exoneración debiéndose pagar la tarifa plena del 8 % (a cargo del empleador), de modo que la medida va a tener un gran impacto en el empleo formal.

Se dice que con la reforma tributaria del 2012, que redujo los impuestos a la nómina y los aportes patronales, hubo una caída estimada de 2 a 4 puntos porcentuales en la informalidad, en ese momento. No quiere decir que hoy se vaya a revertir esa cifra con la propuesta del proyecto de ley de rescate económico, pero es muy importante que se evalúe cuál va a ser el impacto de esta medida en el empleo formal porque al incrementarse las cotizaciones a salud de parte del empleador y del empleado es probable que eso se vaya a reflejar en disminución del empleo formal.

Panorama económico e impacto de la reforma

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperar resultados diferentes”. Citando a Albert Einstein y en el contexto del proyecto de ley de rescate económico, señaló Jairo Higuita, Socio de la Firma que es muy difícil que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo.

Lo que está proponiendo el Gobierno es audaz, tiene muchos retos porque no se sabe si se alcanzarán los resultados esperados como empezar a revertir el déficit fiscal y transmitir a los mercados el mensaje de que se seguirá la senda de responsabilidad, desde el punto de vista del manejo del Estado y de la política pública.

Higuita consideró que se está intentando hacer algo diferente con el proyecto de ley porque no tenemos una reforma tributaria o una ley de equilibrio presupuestal, sino que el Gobierno está planteando un mensaje estructural de cambio y eso lo denomina «ley de rescate», que manda un mensaje de que hay una situación fiscal muy compleja.

Más que hablar de déficit primario, que es un concepto de hacienda pública, desde la perspectiva de los hogares, se trata de una situación en la que se gasta mucho más de lo que ingresa a la Nación. Eso en el largo plazo va a representar muchos retos. Lo que viene ocurriendo en Colombia, especialmente a partir de la pandemia (2020), por obvias razones, es que se

gasta mucho más y el gran desafío es que se está gastando una parte importante del presupuesto nacional, no en inversión, infraestructura, o desarrollo, sino en funcionamiento, y en el pago de la deuda pública.

Ahí es donde el tema se vuelve aún más dramático porque no hay avances sociales, en crecimiento económico, en inversión, pero sí gastamos más. Así, nuestro balance primario, es decir, nuestros ingresos menos nuestros gastos, sin contar los intereses de la deuda, registra un déficit de alrededor del 3,5 % del producto interno bruto (PIB).

Colombia, más o menos, va a estar este año (2026) en un PIB de alrededor de 2.000 billones de pesos, o sea que cada punto porcentual del PIB representa alrededor de 20 billones de pesos. Eso significa que solo por el 2025, y lo que se espera en el 2026, es que estemos teniendo unos déficits primarios de unos 60 o 70 billones de pesos anuales. Eso es muy delicado.

Si a eso le incorporamos los intereses de la deuda, estamos hablando de que el déficit está sobre el 7 % u 8 % del PIB, incluso, muchos hablan de que podría llegar al 9 % del PIB. Entonces, estamos hablando de un déficit fiscal que puede estar entre 160 o 180 billones de pesos. Y eso es mucho dinero para un país como Colombia.

Hoy, el endeudamiento lo tenemos en cerca del 60 % del PIB y eso implica que estamos con una deuda de 1.200 billones de pesos, frente a un PIB de 2.000 billones de pesos. Entonces, en la medida en que no se revierta eso, va a haber un momento en que la probabilidad de default (cesación de pagos) será evidente. No hay que hacer análisis muy profundo para llegar a esa reflexión.

El Gobierno entiende que no hay recursos públicos para dinamizar el desarrollo del país y la única forma de hacerlo es con recursos privados. El mensaje del Gobierno es que va a hacer un ajuste en sus gastos y a trabajar con austeridad, es decir, con recorte de costos, gastos, y con la búsqueda de más recursos financieros. Le va a entregar mucha responsabilidad al sector privado para que haya desarrollo, crecimiento económico y este se traduzca en un mayor recaudo.

En el contexto del modelo económico de la Curva de Laffer (el economista Arthur Laffer planteó que, a

partir de cierto nivel de tarifas, subir los impuestos no aumenta el recaudo e incluso puede reducirlo), se evidencia que la Ley 2277 de 2022 fue una reforma tributaria ambiciosa, pero en ninguno de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro se logró un recaudo tributario superior a los 300 billones de pesos. Entonces ¿por qué el recaudo no aumenta? si tenemos impuestos tan altos, tarifa del 35 % en impuesto sobre la renta y tarifa del 20 % para dividendos, que terminan siendo, entre impuesto sobre la renta y retención en la fuente por dividendos, una tarifa corporativa del 48%; impuesto al patrimonio; tarifa del 19 % de IVA; impuestos territoriales como el de industria y comercio (ICA) y predial, e impuestos nacionales como el gravamen a los movimientos financieros (GMF). Esta también es una pregunta que cualquier ministro de Hacienda se haría.

Por eso la necesidad de evaluar en el proyecto de ley de rescate económico dónde van a estar las fuentes de ingreso y enviar el mensaje al mercado de cuáles serán los sectores económicos receptores de la inversión, para que se empiece a producir mayor crecimiento y recaudo.

Frente al tema del déficit fiscal, las cifras del Gobierno son muy ambiciosas y no parecen fáciles de alcanzar, pero espera que la ley mejore el balance primario en 2,4 % del PIB, en el primer año, o sea, en el 2027; en 3,6 % del PIB, en el segundo año; en 3,9 % del PIB, en el tercer año, y en 4,1 % del PIB en el cuarto año de gobierno. Eso solo por el impacto de la ley de rescate económico.

El Gobierno ha manifestado que, producto de otro tipo de propuestas que se van a hacer en el plan nacional de desarrollo, se va a revertir un porcentaje adicional el déficit e, incluso, se espera, a partir del 2028, revertir el déficit sobre 4 puntos del PIB. Se está hablando de 80 billones de pesos, a precios de hoy, lo cual es demasiado, entre recaudo y ajuste de gastos, pero parece interesante que personas tan serias como el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estén alineados en que se puede lograr.

Esto va a implicar retos muy grandes porque el Gobierno va a tener que hacer cambios sustanciales en su estructura, y eso va a implicar ahorro en el gasto, por lo cual se tendrá que esperar qué tanto impacte la

economía. Ahora vamos a ver qué tan real es esa propuesta del proyecto de ley de rescate económico.

Ejes en la meta de revertir el impacto del déficit fiscal

Hay tres ejes en la meta de revertir el impacto del déficit fiscal. Uno, las contribuciones a salud que van a aumentar sustancialmente, no solo para el empleador, sino también para el empleado.

Para el empleador va a haber un impacto importante, porque hoy tienen una ventaja, tanto en aportes a salud, como al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dado que están exonerados de esas contribuciones por los trabajadores que devengan menos de 10 SMLMV. Lo que hace el proyecto de ley de rescate económico es limitar la exoneración a los trabajadores que devenguen hasta 2 SMLMV, con una gradualidad entre 2 y 3 salarios mínimos, pero es un cambio sustancial y varios sectores económicos se van a ver afectados.

El otro eje fuerte del proyecto de ley es la ampliación del IVA que siempre ha sido un tabú porque hay una afectación de la canasta familiar, y esa es una decisión muy compleja, que se matiza con el mecanismo denominado EfectIVA (permite devolver el IVA a población de bajos ingresos). El IVA es un tema relevante porque en el gasto tributario, cubierto con el presupuesto nacional, y realmente es el más importante pues equivale a unos 140 o 150 billones de pesos, entre exenciones y exclusiones de IVA. Son muchos recursos, pero hay que aumentar el recaudo mediante el IVA.

El otro gran eje es el impuesto al consumo de bebidas, licores, vinos, aperitivos, cervezas, y el impuesto al consumo en cigarrillos y vapeadores, que es un nuevo elemento del hecho generador. Estos son los tres grandes ejes, desde la perspectiva tributaria, del proyecto de ley de rescate económico, que buscan revertir el impacto del gasto público hoy y en los que pareciera estar concentrada la iniciativa.

Austeridad en el gasto público

Otro componente del proyecto de ley es la austeridad en el gasto público. Esto implica una modificación en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en las normas

de endeudamiento territorial y en la regla fiscal, y también unos retos en cuanto a la complejidad que significa realizar ajustes a una norma de esta naturaleza, dado que requieren la aprobación por mayoría absoluta de los miembros de cada cámara del Congreso de la República (artículo 151 de la Constitución). El proyecto incluye 16 artículos con carácter orgánico.

Jairo Higuita comentó que el Gobierno ha recibido críticas en relación con que no va a haber un aumento importante de los impuestos, pero desde el punto de vista tributario, el incremento de las contribuciones a la salud va a afectar sustancialmente a empresarios y a empleados. Ahí estará una parte muy importante del recaudo. Uno de los grandes retos que tiene el país es la estabilidad del sistema de salud que está desfinanciado. Pero, si bien muchos de esos recursos no van a ir al presupuesto general de la Nación, sino que serán contribuciones que van a sanear y a financiar el sistema de salud, las nuevas contribuciones afectarán al empresario. Y él siempre va a tomar en consideración cuáles son los costos totales de la empresa, incluso, el porcentaje de los ingresos que recauda el Estado (indicador denominado, en inglés, government take) y los aumentos en la nómina van a ser un costo importante en el resultado del empresario.

Entonces, el pago de nómina, por parte del empresario, va a cambiar sustancialmente, porque va a empezar a pagar, a partir de 2 salarios mínimos mensuales, aportes a salud, al SENA y al ICBF, y eso va a tener un impacto en su government take.

El asunto del IVA es una discusión diferente, porque no se está hablando de tributación directa, sino indirecta, y no va a haber un impacto directo a las empresas, pero sí va a impactar a la generalidad de los ciudadanos. La duda es si a través del mecanismo de devolución del IVA, llamado EfectIVA, se va a matizar el impacto y se podrá hacer menos regresivo el impuesto, es decir, si finalmente, vía la transferencia que se hará a los hogares en pobreza extrema, pobreza, y vulnerabilidad, se va a eliminar ese impacto.

El otro gran tópico es el impuesto al consumo. Aquí la duda es qué tanto va a incentivar el contrabando el hecho de aumentar ese impuesto, porque los estudios evidencian que va a haber un incremento entre el 30 %

y el 50 %, sumados el impuesto al consumo y el IVA, para las bebidas alcohólicas, y cigarrillos y vapeadores.

La justificación del Gobierno ha sido el efecto positivo que estos impuestos generan en la salud de los consumidores, debate muy complejo que involucra el concepto del libre albedrío, y el límite hasta donde debe controlar el Estado. Puede que la medida sea favorable a la salud de la ciudadanía, pero se duda hasta qué punto aumentará el recaudo, vinculado al consumo de estos productos, dada la amenaza de que la medida induzca el aumento del contrabando de tales bienes.

Hay otra clara afectación en materia tributaria a los ciudadanos. Es una realidad que el tema de personas naturales también va a impactar sustancialmente. Uno, porque va a aumentar la contribución a salud y, dos, porque el umbral a partir del cual se empieza a pagar el impuesto sobre la renta ya no será el actual de cerca de 9 millones de pesos de ingreso laboral mensual, sino de unos 5,5 millones de pesos. El umbral para declarar (1.400 UVT de ingresos al año) no cambia. Y, adicionalmente, las bases y los beneficios disminuyen.

Higuita manifestó estar convencido de que en un estado de derecho todos tenemos que ser contribuyentes, pero no es bueno, y eso está probado también por los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en Colombia solo se comience a pagar el impuesto sobre la renta a partir de ingresos laborales mensuales de 9 millones de pesos. Debería bajarse ese umbral sustancialmente, porque apenas un 3 % de la población gana por encima de 2 salarios mínimos.

Agregó estar de acuerdo en que se exima de pagar impuesto sobre la renta a la mayoría de la población que gana el salario mínimo, pero no que se protejan umbrales de cerca de 5 salarios mínimos mensuales, que no pagan impuestos. Este proyecto de ley dispone que a partir de unos 5,5 millones de pesos mensuales, cerca de 3 salarios mínimos, se empiece a pagar impuestos. Eso resulta adecuado, y hace sentir parte del Estado a estos contribuyentes, y se genera compromiso con las decisiones, y preocupación por el destino del gasto público.

En conclusión, sobre si el ajuste fiscal se debe afrontar, principalmente, con más impuestos o con menores gastos del Estado, la respuesta es que se requiere una

estrategia que combine el recaudo tributario con la austeridad en el gasto público, porque si no sería imposible llegar a ahorros sobre el 4 % del PIB, que es lo que busca el Gobierno para mantener el endeudamiento alrededor del 61 % del PIB.

Impuesto sobre las ventas (IVA) y otros impuestos al consumo

Carlos Giovanni Rodríguez, socio de Esguerra JHR, aseguró que el aspecto neurálgico del proyecto de ley de rescate económico es el IVA, frente a lo cual, conviene precisar que, desde el punto de vista académico, las empresas no resistirían una mayor carga tributaria en materia de tributación directa.

Entonces, se tiene que recurrir al aumento de ingresos mediante la tributación indirecta. El problema es el amplio número de bienes excluidos que tenemos en el artículo 424 del Estatuto Tributario, de bienes exentos del artículo 477, y otros del artículo 481, los cuales hacen que el sistema tributario tenga unas grandes perforaciones tributarias. En consecuencia, desde el punto de vista filosófico, muchas personas que realmente tienen capacidad contributiva terminan beneficiándose de aquellas exclusiones.

Con la Ley 788 del 2002 ya se había propuesto gravar todos los bienes de la canasta familiar con una tarifa de 2 % del IVA, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible (Sentencia C-776 de 2003) porque la norma no establecía un mecanismo que contribuyera a que el impuesto no se volviera regresivo y no se terminara afectando a las clases menos favorecidas del país. En contraste con ese momento, la propuesta de hoy contempla ese mecanismo, denominado EfectIVA.

Igualmente, la Corte Constitucional criticó, entonces, que la Ley 788 no establecía un régimen de tarifas diferenciales. Aunque algunos aspectos se corrigen en el nuevo proyecto de ley, hay cosas que todavía se pueden mejorar y ajustar. Sin embargo, podría ser un error eliminar la tarifa del 5 %. Llevar algunos bienes a la tarifa del 19 % está bien, pero hacer esa transición de bienes excluidos, de una vez, a la tarifa del 19 %, constituye un error, porque se tendrían que establecer tarifas diferenciales, tal como lo recomendó la Corte Constitucional.

Algunos de los cambios propuestos

Juegos de suerte y azar

Al analizar los cambios propuestos en el proyecto de ley en cuanto al IVA, se encuentra que aplicar este impuesto a los juegos de suerte y azar, no es una propuesta nueva, porque fue la medida que buscó establecer, el gobierno anterior, mediante los diferentes estados de excepción que decretó. Hay que recordar que con el presidente Petro solamente se tuvo una reforma tributaria, pero se decretaron varios estados de excepción. Entre ellos el Decreto 175 de 2025, con origen en la compleja situación del Catatumbo. En esa norma se incluyó el IVA a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2025.

Después vino, en el marco del estado de emergencia económica, el Decreto 1474 de 2025, con vigencia de unos veinte días, que estableció nuevamente el IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar. Sin embargo, esta medida fue suspendida y después declarada inexequible, porque no había razón que justificara la emergencia económica. Luego se expide el Decreto 240 de 2026, también en medio de la emergencia económica, pero ya no se podía imponer IVA, y tenemos hoy impuesto al consumo a los juegos de suerte y azar que está vigente hasta el 2026. O sea, que si hay algo que debe pasar, indiscutiblemente, en el Congreso de la República, es el IVA a los juegos de suerte y azar, sin embargo, aún se tienen reparos desde el punto de vista técnico frente al hecho generador y la base gravable.

Subir el IVA en licores

La iniciativa de subir el impuesto sobre las ventas a los licores tiene una historia muy parecida a la del IVA a los juegos de suerte y azar, el gobierno Petro ya había intentado llevar la tarifa del IVA de los licores al 19 % mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025, que la Corte Constitucional suspendió, de modo que desde el 29 de enero de 2026 volvió a aplicarse la tarifa del 5 %, que hoy se pague un IVA del 5 % y no del 19 % se explica porque la mayor carga tributaria de los licores proviene del impuesto al consumo, este impuesto tiene un componente específico de $360 por grado alcoholimétrico en botella de 750 cc, o $243 en el caso

de los vinos, y un componente ad valorem del 25 % sobre el precio de venta al público certificado por el DANE, o del 20 % para vinos, sumado al IVA, ese impuesto al consumo representa cerca del 50 % del valor del bien.

El proyecto de ley de rescate económico subiría el componente específico a $750 por grado, el ad valorem al 35 % y el IVA al 19 %, y según su exposición de motivos el precio de estos bienes aumentaría en promedio 32,6 %, esto puede parecer positivo en principio, pero el problema son las externalidades que genera, porque se trata de productos susceptibles de contrabando.

Cuando se tienen altas tarifas de impuestos se estimula la evasión y el contrabando. Lo determinante no es estar en desacuerdo con el incremento del impuesto sobre las ventas, sino el problema que genera tal aumento.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los vehículos eléctricos e híbridos, la propuesta del proyecto de ley de rescate económico es subir el IVA del 5 % al 19 %, desde la entrada en vigencia de la ley. Hoy en día, mediante una tarifa baja del IVA se han logrado los objetivos de concientizar sobre la necesidad de disminuir la emisión de gases contaminantes e impulsar el cambio en el uso de vehículos a gasolina por los eléctricos, por lo tanto, está bien que se equiparen todos los vehículos con una misma tarifa del IVA.

Sin embargo, la Ley 1715 de 2014 (regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional) prevé una exclusión del IVA para los equipos de gestión eficiente de la energía certificados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) que en algunos casos comprende vehículos eléctricos. Entonces, si se mantiene ese beneficio y se sube la tarifa del IVA al 19 %, las compras que lo obtengan seguirán sin pagar el impuesto, de modo que el efecto recaudatorio real de la medida sería limitado.

Envíos urgentes y software para contenidos digitales, hosting y servicios en la nube

De otra parte, las importaciones de envíos urgentes, por valor hasta de 200 dólares, ha sido un tema de

permanente discusión, dado que están excluidos del IVA, situación que deriva en el menor precio que suelen tener los bienes importados por esta vía, con respecto a un bien igual o similar que se adquiere en un punto de venta en Colombia. Parece acertada la propuesta de aplicarles a esas importaciones la tarifa de 19 % del IVA, aunque hay debate sobre los bienes de esta naturaleza que vienen de países con los cuales Colombia ha suscrito un tratado de libre comercio, como EE. UU. Carlos Rodríguez también consideró positivo que en el proyecto de ley se plantee la aplicación de 19 % de IVA al software para contenidos digitales, hosting y servicios en la nube.

Servicio de Internet

Hay propuesta de cambio en el artículo 481 del Estatuto Tributario, que implicaría pasar de la categoría de exento el servicio de internet fijo para los estratos socioeconómicos uno y dos, a la de gravados con el 19 % del IVA. En este caso, se debería tener una tarifa diferencial, en lugar de trasladar abruptamente este servicio para determinada población de la categoría de exento a la de tarifa general.

Eliminación de la tarifa del 5%

A partir del 2028, la mayoría de bienes y servicios que hoy tienen tarifa de 5 % de IVA pasarían a la tarifa de 19 %. Entre los productos de la canasta familiar afectados estarían café, azúcar, pastas, y aceites comestibles. La medida también cubriría la maquinaria y algunos insumos agrícolas. Se derogarían los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario, situación que debe ser revisada en el trámite en el Congreso de la República por los efectos regresivos que esto tendrá. Con todo, tras el anuncio presidencial del 15 de noviembre de 2026 de no gravar la canasta familiar ni el sector agropecuario, se espera que este punto se modifique durante el trámite.

Salud y Medicina prepagada

Hoy los servicios de salud están excluidos del IVA, mientras que los planes de medicina prepagada y complementarios y las pólizas de salud están gravados con el 5 %. Con el proyecto de ley, desde 2028, los planes complementarios de salud, las pólizas de salud y “en general, los planes adicionales” quedarían

excluidos del IVA. La medicina prepagada no se menciona expresamente, lo que genera la duda de si pasaría a la tarifa del 19 %, aunque podría entenderse comprendida dentro de los planes adicionales de salud. Hasta el momento, el Gobierno no ha explicado esa diferencia de redacción, que convendría aclarar en el trámite.

Computadores y celulares

Los computadores con precio inferior o igual a 50 UVT y los teléfonos celulares con precio inferior o igual a 22 UVT, hoy excluidos, perderían esa exclusión y quedarían con un IVA del 19 %. Igualmente, el servicio de internet fijo para el estrato socioeconómico tres saldría de la lista de servicios excluidos y pasaría a tener impuesto sobre las ventas de 19 %.

Otros cambios

Seguirían excluidos o exentos del IVA, los sectores de salud, educación, transporte público, servicios públicos domiciliarios, arrendamientos para vivienda, pan, arepa, arroz, papa, yuca, panela, agua, carnes, pescado, leche, huevos, y fórmulas infantiles.

Entretanto, pasarían de tener IVA del 5 % a ser bienes y servicios excluidos la madera, el ACPM, y los seguros y planes complementarios de salud. Ha generado controversia, y no se entiende la razón por la cual pasarían a ser exentos de IVA, el salchichón, la butifarra y la mortadela, que tenían tarifa de 5 % de IVA, y ahora los devuelven al listado de exentos.

Las frutas y la mayor parte de las hortalizas perderían la condición de productos excluidos del IVA y tendrían tarifa del 19 % , iniciativa que no va a generar un recaudo significativo, pero, en cambio, aumentaría la informalidad, porque la mayoría de esos alimentos se comercializa en plazas de mercado o, inclusive, en la calle, de modo que solo pagarían el IVA por estos productos quienes los compran en las tiendas de cadena.

Concentrados para animales

Los concentrados para animales tienen en la actualidad la tarifa de 5 % de IVA, y con el proyecto de ley de rescate económico ese impuesto se aumentaría al 19 %, pero la medida parece un error, porque de acuerdo con la normativa tributaria vigente para ese

producto aplica el mecanismo de devolución del IVA. Entonces, no tiene sentido que se aumente la tarifa del 5 % al 19 %, si el impuesto está sujeto a devolución.

Entonces, la disposición no tendría un gran efecto recaudatorio, va a aumentar los procesos de devolución del IVA, y va a atrapar caja de los productores de carne de res, pollo y pescado, que compran intensivamente el alimento concentrado. Este es otro escenario económico en el que convendría contar con tarifas diferenciales de IVA.

Devolución del IVA

El proyecto de ley de rescate económico establecería una medida novedosa para devolver el IVA pagado por las personas en condición de pobreza extrema, de pobreza, y de vulnerabilidad. El aspecto positivo es que obligaría a los ciudadanos, beneficiarios del instrumento, a pedir siempre factura electrónica, y eso ayudaría a mejorar la formalización tributaria. El problema es que muchas personas compran bienes en establecimientos que no son sujetos responsables del impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, las tiendas pequeñas y los minimercados del régimen simple de tributación no son responsables de IVA. Además, existe el límite de 3.500 UVT, bajo el cual se amparan muchas personas como no responsables del impuesto sobre las ventas, en consecuencia, no expiden factura electrónica, con lo cual se reduciría el alcance del mecanismo denominado EfectIVA.

Mediante el instrumento EfectIVA se haría devolución del 100 % del IVA pagado a los individuos en pobreza extrema, a los que están en condición de pobreza, y al primer tramo de la población vulnerable. A los demás tramos de población vulnerable se les devolverá el IVA en proporciones del 50 %, el 40% y el 30 %.

Las cifras oficiales indican que más de 35 millones de personas serían beneficiarias de este esquema. El éxito de la medida dependerá de los progresos que logre la DIAN en materia de cobertura de la facturación electrónica, y que su sistema logre discriminar entre compras de bienes y de servicios, porque la devolución del IVA solo aplicaría a la adquisición de bienes. El primer giro anticipado de la devolución del IVA se haría, a más tardar, el 20 de diciembre de 2027.

Renta de personas naturales y jurídicas

En lo concerniente al impuesto sobre la renta de las personas naturales, en el proyecto de ley de rescate económico no se está cambiando el tope de obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta que son 1.400 UVT. Ese límite se mantiene, con el cual se logró que 6,5 millones de personas presentaran declaración en el 2025 (por ingresos del 2024). Aunque el país tiene una población superior a 50 millones de habitantes, solo 6,5 millones de personas tienen ingresos superiores a 1.400 UVT, cifra que debe llamar la atención.

Pero, de esos 6,5 millones de personas, no todas pagan impuesto sobre la renta; muchas simplemente presentan la declaración porque sus ingresos superan las 1.400 UVT al año, lo cual representa un logro para la administración tributaria. Actualmente, con ingresos laborales hasta cerca de 9 millones de pesos mensuales se presenta declaración, pero no se paga impuesto.

La idea que contempla el proyecto de ley de rescate económico consiste en que las personas que ganen por encima de 5,5 millones de pesos mensuales empiecen a contribuir mediante una tarifa de 9 % de impuesto sobre la renta.

En cuanto a la tabla del impuesto de renta, se proponen cambios en los rangos de renta gravable, con el propósito de que las personas con mayores ingresos lleguen más rápido a la tarifa marginal máxima del 39 %, que se aplicaría desde 8.670 UVT de renta gravable (hoy, desde 31.000 UVT) pues desaparecen los tramos del 35 % y del 37 %. Así se lograría una mayor tributación de estas personas. Esta medida parece acertada.

Pero, lo inconveniente es que siguen disminuyendo beneficios como el del 25 % de renta exenta laboral, que hoy tiene un límite de 790 UVT anuales y que bajaría a 630 UVT. Además, se reduciría el límite total de los beneficios de 1.340 a 1.180 UVT, lo que implicaría pasar de un límite de beneficios tributarios de unos 70 millones de pesos a unos 62 millones de pesos al año (con la UVT de 2026).

Eso haría que las personas que superen la suma de 12 millones de pesos de ingresos mensuales alcanzaran

el tope de beneficios muy pronto, puesto que los 630 UVT definidos serían copados fácilmente, y tendríamos casi que una tributación fija sobre el ingreso. En consecuencia, las personas naturales verán que existen beneficios tributarios, pero que no podrán utilizar ninguno. Y bajar el límite de 1.340 UVT a 1.180 UVT es exagerado para personas naturales.

Otros comentarios frente a las personas jurídicas

Por su parte, Jairo Higuita comentó que en el proyecto de ley de rescate económico hay un avance en materia del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, pero el tema no es completo, mientras se tenga el perverso régimen de dividendos para los residentes personas naturales, situación que de alguna manera se trató de matizar con el descuento del artículo 254-1 del Estatuto Tributario, pero quedó mal estructurado porque el descuento solo aplica a quien tiene más dividendos, y no para el que recibe menos dividendos. La medida no tiene mucho sentido, si no se integra este aspecto.

Incluso, se ha pensado que sería mejor eliminar dividendos y plantear la tarifa de renta igual porque el tópico de dividendos genera muchas dificultades y retos, desde el punto de vista de fiscalización, frente a las compañías holding colombianas (CHC), con respecto a las vinculaciones económicas, con el tema de los convenios de doble imposición porque se organizan muchas estructuras que al final evitan dividendos y el aspecto del crédito del 10 % porque la sujeción pasiva está en las personas naturales y no en las sociedades. Entonces, pareciera más fácil continuar con la tarifa del 35 %, pero eliminar el asunto de los dividendos.

Esa determinación haría mucho más simple el sistema, porque la estructura del impuesto a los dividendos en Colombia es compleja, al igual que las retenciones; hay tarifas de 15 %, 10%, y de 20 %, si es al exterior, si no es al exterior, el tema del crédito fiscal, del traslado, del primer dividendo, del segundo dividendo, es decir, hay una serie de complejidades. Cuando se revisa el decreto de dividendos, de entrada, la aproximación al mismo es compleja. Resulta difícil explicarlo a un cliente del exterior, y al de Colombia. Entonces, el mensaje de fondo es que se debe simplificar el sistema, resulta mucho más simple dejar una tarifa del

35 % y llevar a cero o eliminar el régimen de dividendos.

Hoy las tarifas del impuesto sobre la renta para personas jurídicas son una general de 35 % y de 40 % para las entidades del sector financiero. De aprobarse el proyecto de ley de rescate económico, se pasaría a una tarifa general de 33 % en 2027, y de 31 % a partir del 2028, mientras que la tarifa para las entidades financieras- que incluye una sobretasa de 5 puntos hasta 2030-, sería de 38 % en 2027 y de 36 % entre 2028 y 2030; desde 2031 se aplicaría a este sector la tarifa general del 31 %.

Estas modificaciones tendrían impacto en la elaboración de la declaración del impuesto sobre la renta, por ejemplo, respecto al recálculo que se debe hacer del impuesto diferido, cuando se vayan a revertir las diferencias, porque hoy tenemos un impuesto diferido al 35 %, o al 40%, en el caso del sector financiero, entonces, habría que hacer el recálculo frente a las eventuales nuevas tarifas del impuesto de renta.

Se critica que en este proyecto de ley de rescate económico se les esté reduciendo el impuesto sobre la renta a las personas que pueden pagarlo, pero el motor de la economía son las personas jurídicas, y la tarifa del impuesto sobre la renta, como en cualquier mercado, debe ser competitiva porque un inversionista del exterior va a mirar cuál es el país que ofrece la mejor tarifa de impuesto sobre la renta que le permite ser más competitivo. El 31 % de impuesto sobre la renta puede ser una tarifa medianamente competitiva, todavía no sería la óptima.

Hoy, muchas empresas tienen un problema grave con los efectos de la tasa mínima de tributación (tarifa del 15 %), por las denominadas «diferencias temporarias». Esa situación no se resuelve en el proyecto de reforma tributaria, pero va a ser un problema que afecta a un menor número de compañías porque solo van a estar obligados a calcular la tasa mínima de tributación los grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros, equivalentes a algo más de tres billones de pesos.

Exoneración de aportes parafiscales

Es importante analizar los efectos colaterales que tendría la modificación que plantea el proyecto de ley de rescate económico para que la exoneración a los empleadores del pago de los aportes parafiscales (régimen contributivo de salud, SENA e ICBF) ya no se aplique a los sueldos de los trabajadores inferiores a 10 SMLMV (artículo 114-1 del Estatuto Tributario), sino a los sueldos inferiores o iguales a 2 SMLMV.

La exoneración a los empleadores del pago de los aportes parafiscales por los sueldos menores a 10 SMLMV se estableció mediante la Ley 1607 de 2012, para incentivar la formalización del empleo mediante la disminución de los impuestos a la nómina y, en contraprestación, se iba a tener la obligación de hacer una autorretención especial.

La limitación de la exoneración del pago de los aportes parafiscales solo para ingresos de 2 salarios mínimos mensuales castigaría los incrementos salariales en las empresas, y se desataría la búsqueda de medidas para evitar que los sueldos superen los 2 salarios mínimos, con mecanismos que podrían ir en contra de los trabajadores. Por ejemplo, las compañías tratarán de aplicar esquemas de desalarización y, en el mercado laboral, se desestimularía el empleo formal y la contratación de mano de obra calificada. El impacto, en el mercado de trabajo, de esta modificación del artículo 114-1 del Estatuto Tributario debe ser analizado cuidadosamente antes de ser aprobado en el Congreso de la República.

De acuerdo con la propuesta de ajuste a la exoneración del pago de aportes parafiscales, por los sueldos superiores a 2 SMLMV y hasta 3 SMLMV, el empleador pagaría 4 % de aportes a salud, 1 % al SENA y 1 % al ICBF, en total, 6 %. Entretanto, por los sueldos que excedan los 3 SMLMV pagaría 8,5 % de aporte a salud, 2 % al SENA y 3 % al ICBF, es decir, 13,5 % en total.

Con la reforma que se propone, a la cotización a salud del trabajador independiente, cuyos ingresos mensuales sean de 10 millones de pesos, le aumentaría la tarifa actual de 12,5 % a 14 %, de manera que su cotización mensual se incrementaría en 60.000 pesos, que sumarían 720 mil pesos al año.

Al comparar los parámetros de los aportes parafiscales que contempla el proyecto de ley de rescate económico, en el rango de los trabajadores con ingresos de 10 millones de pesos mensuales, queda en evidencia que un trabajador independiente tendría un aumento en el pago mensual de aportes a salud de 60.000 pesos mensuales, mientras que por un trabajador dependiente se tendrían que pagar 850 mil pesos de aportes a salud, y el empleador 500 mil pesos por concepto de SENA e ICBF, es decir, 1,35 millones de pesos mensuales, por estos conceptos, situación que implica mayores costos de nómina para las empresas.

El aumento significativo de los aportes parafiscales, formulado en el proyecto de ley de rescate económico, tendría un doble impacto. Uno, que hoy no se realizan aportes a salud, SENA, ni ICBF, por la remuneración de los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales, y, dos, además de que los empleadores empezarían a pagar aportes parafiscales, por los empleados que ganan a partir de 2 salarios mínimos al mes, también tendrían que aportar un mayor valor sobre las nuevas bases de liquidación de aportes.

Entonces, una parte significativa de lo que se ahorrarían, en impuesto sobre la renta, las personas jurídicas, por la reducción de las tarifas de este tributo, incluida en el proyecto de ley de rescate económico, terminaría siendo absorbida por el mayor costo que representarían los aportes parafiscales, en ciertos sectores empresariales, donde la mayoría de los empleados no devengan el salario mínimo, sino más de 2 salarios mínimos.

Impuesto al patrimonio

El Gobierno en campaña a la Presidencia de la República, prometió eliminar el impuesto al patrimonio que pretende impactar a quienes tienen mayor capacidad contributiva, en el país, efecto que puede ser discutible porque este impuesto no necesariamente atiende a la verdadera capacidad contributiva de las personas naturales, en cambio, se puede señalar que el recaudo es mínimo.

El recaudo del impuesto al patrimonio en 2025 y 2026 está en una magnitud de 1,2 y 1,3 billones de pesos, valor no muy relevante. Es mucho más la polémica

social que genera que lo que realmente suma al recaudo porque mediante la ley de rescate económico se busca aumentar los ingresos públicos en magnitudes de 4 % del PIB, es decir, de 80 billones de pesos, entre medidas de austeridad, y de aumento de tributos.

El impuesto al patrimonio lleva un mensaje negativo a los inversionistas del exterior porque evidentemente no recae sobre las personas jurídicas, sino sobre las personas naturales. Además, hoy existen muy pocas jurisdicciones en el mundo que lo aplican.

A pesar de la promesa, hecha en campaña presidencial, de eliminar ese tributo, lo dramático es que el proyecto de ley de rescate económico apunta a disminuir el recaudo del mismo porque se incrementaría el umbral de su aplicación, que hoy comienza en 72.000 UVT (cerca de 3.771 millones de pesos de patrimonio líquido en 2026), y pasaría a 95.500 UVT (cerca de 5.000 millones de pesos). Además, el impuesto solo se aplicaría entre 2027 y 2030.

Igualmente, la tarifa adicional del 1,5 % de impuesto al patrimonio, que termina su vigencia en el 2026, no se extendería, entonces, ese recaudo derivado de los patrimonios más altos desaparecería. Las tarifas generales del impuesto al patrimonio vigentes son de 0,5 % y 1 %, para patrimonios aproximados a 3.771 millones de pesos, y la de 1,5 % aplica a los patrimonios superiores a 12.517 millones de pesos. Las nuevas tarifas, del proyecto de ley de rescate económico, serían de 0,5 % para patrimonios entre 5.000 y 7.600 millones de pesos, y de 1 % a partir de 7.600 millones de pesos de patrimonio.

En consecuencia, con las nuevas tarifas, la exposición de motivos estima un menor recaudo por concepto del impuesto al patrimonio de cerca de 0,02 % del PIB por año (unos 0,5 billones de pesos). Ante tal perspectiva, surge la pregunta: ¿sería mejor eliminar ese impuesto?, lo cual generaría un clima tributario favorable para las personas naturales cuya carga tributaria se afectaría, de aprobarse la disminución de beneficios tributarios y la tarifa del 39 % de impuesto sobre la renta que arrancaría desde 8.670 UVT de renta gravable.

El tema del impuesto al patrimonio valdría la pena revisarlo, aunque a las personas naturales con mayor riqueza se les seguiría cobrando este impuesto, pero el impacto en el recaudo sería mínimo, y el mensaje a la

ciudadanía de política pública tributaria no sería el adecuado.

Régimen único para generar estabilidad empresarial (RUGE)

Por otra parte, cuando nacieron los contratos de estabilidad jurídica, en el gobierno de Álvaro Uribe, con la Ley 963 de 2005, se generaron controversias y algunos retos. Frente a esta materia, el proyecto de ley de rescate económico trataría de limitar los alcances de los contratos de estabilidad jurídica, porque la Ley 963 permitía estabilizar cualquier disposición, tributaria o no tributaria, es decir, cubría un amplio espectro de medidas regulatorias gubernamentales. Eso generó un galimatías, desde el punto de vista de interpretación de los alcances del beneficio legal, y hoy existen contratos de estabilidad jurídica vigentes que generan grandes retos de fiscalización para la administración tributaria y para las entidades públicas, en general, porque se puede estabilizar todo.

Cuando se suscribían tales contratos, el número de disposiciones que se incorporaba era enorme. Este proyecto de ley de rescate económico acotaría el tema y, fundamentalmente, se limitaría, mediante el régimen único para generar estabilidad empresarial (RUGE), al impuesto al patrimonio, al impuesto sobre la renta a dividendos y a materias aduaneras. La modificación propuesta es positiva.

Bajo la Ley 963 de 2005 era posible estabilizar inversiones en torno a 13.000 millones de pesos, a salarios mínimos de hoy. En tal contexto legal, cualquier proyecto a partir de ese valor podía estabilizarse, lo cual tampoco estaba bien, porque no eran inversiones que generan empleo, y que tuvieran externalidades positivas importantes.

Bajo la nueva configuración del RUGE se estimularía la inversión en agroindustria, turismo, servicios, economía digital y tecnologías, infraestructura, energías renovables, petróleo y gas, y explotación de otros recursos naturales.

La intención es promover proyectos a partir de 135 mil millones de pesos, es decir, inversiones superiores a 30 millones de dólares. Los contratos de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005 podían tener vigencia entre tres y veinte años, mientras que las nuevas

inversiones bajo el RUGE la tendrían por 16 años.

Este régimen cubriría la inversión nueva en activos fijos, depreciables o amortizables, que aumenten la producción, ejecutada por un vehículo jurídico nuevo de objeto exclusivo (artículo 69, nuevo Libro Noveno del E. T.).

El beneficio no favorecería a compañías que hoy vengan desarrollando actividades, por ejemplo, en agroindustria, economía digital o turismo, que invierten en activos fijos, depreciables o amortizables, y sobre esa base puedan aplicar al régimen, sino que necesariamente se tiene que crear un vehículo de propósito especial. Además, se exigiría el aumento verdadero de la producción, no solo la adquisición de activos reales productivos.

La exigencia resulta redundante porque si se crea un vehículo o sociedad de propósito especial, a partir del cual se desarrolla una inversión, evidentemente, se generará una mayor producción. Se considera una figura muy interesante, porque en los antiguos contratos de estabilidad jurídica no necesariamente se debía crear un nuevo vehículo o sociedad, sino que la empresa que realizaba la inversión tenía el beneficio.

Al RUGE, no podrían acceder los siguientes sectores: comercio, actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, y administración pública, entre otros. Asimismo, este régimen no sería acumulable con otros beneficios como zonas francas, zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), zonas económicas y sociales especiales (ZESE), ni con las rentas exentas a que alude el artículo 235-1 del Estatuto Tributario, ni con el Decreto Legislativo 1413 de 2026. Por estas limitaciones, el medio de la inversión debe ser un vehículo de propósito especial.

Mediante el RUGE se estabilizaría el impuesto sobre la renta a una tarifa del 20 %, si el proyecto de inversión inicia en 2027 o 2028, o en 26 %, desde 2029, sin sobretasa, y con tarifa fija por 16 años. La tarifa por dividendos distribuidos a inversionistas no residentes sería de 8 %, como impuesto definitivo. La depreciación acelerada cubriría hasta 50 % anual en maquinaria, equipos y redes, y 10% en construcciones, beneficio interesante, porque el artículo 137 del Estatuto Tributario establece depreciación de construcciones por 45 años. El vehículo de propósito especial no pagaría impuesto al patrimonio. Y se

garantizaría estabilidad en el impuesto sobre la renta, en el régimen cambiario, y en el procedimiento aduanero; no cubriría el IVA, los tributos territoriales, ni aportes.

Precisar, en el proyecto de ley de rescate económico, que el vehículo o sociedad de propósito especial no sería sujeto, en ningún momento, del impuesto al patrimonio, no parece tener sentido, porque no existe, en Colombia, sujeción pasiva sobre personas jurídicas, pero si puede, en forma prospectiva, aclararse que si hay una modificación al régimen del impuesto al patrimonio de sociedades, no aplicaría para beneficiarios del RUGE.

Las contraprestaciones que se exigirían al inversionista que se acogiese al RUGE comprenden las siguientes: ejecutar el 40 % de la inversión en dos años, y el 100 % en el plazo establecido para el sector económico; comprar al menos 30 % a proveedores nacionales, y un tercio, a mipymes o proveedores del departamento, donde se localice la inversión; garantía de cumplimiento de al menos el 2 % de la inversión comprometida; prima anual del 0,1 % de la inversión ejecutada acumulada, y si ocurre incumplimiento, el inversionista tendría que hacer el reintegro de beneficios, o reducción del 50 % de beneficios, si logra umbral, pero no lo prometido.

En función del sector al que se destine la inversión, el proyecto de ley determina el tiempo para desarrollarla. En infraestructura, energía, y recursos naturales son 8 años, con valor de 426 mil millones de pesos; en industria, y economía digital, 6 años, con valor de 290 mil millones de pesos, y en agroindustria, turismo, servicios y demás actividades son 5 años, con valor de 135 mil millones de pesos. En los dos primeros años de los proyectos, se tendría que invertir el 40 % del valor prometido, y el 60 % restante, en el caso del sector de infraestructura, en los siguientes 6 años; en cuanto a economía digital, en los siguientes 4 años, y en relación con el sector de agroindustria, en los siguientes 3 años. Es evidente que se quiere apostar a que esa inversión se realice muy rápidamente.

En lo relativo a las asociaciones público privadas (APP), particularmente empleadas para desarrollar infraestructura, las características del RUGE son algo diferentes. Por ejemplo, si se va a ejecutar una APP, el inicio de la estabilidad empresarial no sería desde el

momento en que se emitiera la certificación de las autoridades gubernamentales, sino desde cuando se iniciara la construcción del proyecto. En este aspecto también hay unas particularidades. Por ejemplo, en una APP, el 40 % de la inversión no tendría que materializarse en los dos primeros años, sino que se exigiría, en ese lapso, el 30 %, es decir, una medida de flexibilidad para estimular el uso de esta figura.

Conforme al proyecto de ley, en las APP, las vigencias futuras, que son recursos financieros del Estado, no formarían parte de la nueva inversión, bajo el régimen RUGE, o sea, se entiende que la inversión es lo que realmente aporta el agente privado.

Activos digitales

En lo concerniente a los activos digitales, el proyecto de ley de rescate económico dispondría que su venta no generaría renta de fuente nacional, y no se entenderían poseídos en Colombia, salvo que representen, jurídicamente, activos subyacentes; si fuese así, se seguiría el tratamiento para los activos subyacentes. Los activos digitales se declararían por su costo fiscal, con el valor promedio ponderado para los fungibles. En cuanto a las fluctuaciones contables, estas no tendrían efecto fiscal hasta la enajenación del activo. En la actualidad, conforme a la doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los activos digitales se poseen en Colombia si, por ejemplo, se monetizan en el país (Concepto 18075 de 2023).

Enajenaciones indirectas

Acerca de las enajenaciones indirectas, el proyecto de ley señala, en cuanto a excepciones, el umbral del 20 % de activos en Colombia y la no concentración de acciones en bolsa, se verificarían durante los 12 meses previos a la venta. Respecto a solidaridad, respondería cualquier vinculada en Colombia (art. 260-1 del E. T.), responsabilidad que hoy está en cabeza de la subordinada. Además, el vendedor o su vinculada, en Colombia, declararía dentro del mes siguiente a la venta. La venta de activos digitales, que representen activos en Colombia, se trataría como venta directa del subyacente.

Faltó, en el proyecto de ley de rescate económico, desde la óptica operativa, permitir que las

declaraciones por enajenaciones indirectas se puedan pagar en dólares, en el exterior. Pero es un avance importante que ya no solo la pueda pagar el enajenador indirecto, sino la vinculada en Colombia.

Bebidas ultraprocesadas endulzadas

Respecto a las bebidas ultraprocesadas, en el proyecto de ley de rescate económico, se extiende el hecho generador del impuesto a todas las bebidas endulzadas, ya no solo a las azucaradas, mediante cualquier químico como los edulcorantes. Además, se elimina el tramo que hoy no paga el impuesto pues, actualmente, las bebidas con menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no están gravadas. Desde 2028 quedarían dos tarifas por cada 100 mililitros, 45 pesos para las bebidas con menos de 9 gramos de azúcar o solo con edulcorantes, y 76 pesos para las de 9 gramos o más. Ampliar la base gravable sería un cambio sustancial.

En lo atinente al impuesto al carbono, el proyecto de ley busca incrementar el recaudo por este concepto. Por ejemplo, el impuesto al gas licuado propano (GLP) pasaría a 314 pesos por galón, en 2027; a 419 pesos, en 2028, y a 524 pesos, por galón, de 2029 en adelante. En general, el impuesto al carbono para los distintos derivados del petróleo aumentaría 60 %, 80%, 100 % o, incluso, un porcentaje superior. Igualmente, el tope de no causación de este impuesto por carbono neutro se reduciría del 50 % actual al 25 %. Es decir, que mediante bonos de carbono neutro solo se podrá reducir el valor del impuesto en este último porcentaje. Hoy, en GLP el impuesto solo se causa en ventas a usuarios industriales, y el proyecto no cambia el hecho generador. Las tarifas se actualizarían cada año con base en la inflación (IPC) más dos puntos.

Normalización tributaria

Finalmente, sobre normalización tributaria, el proyecto de ley de rescate económico se propone reducir la tarifa, frente a la última normalización del Decreto Legislativo 240, que no sería de 19 %, sino de 15 %.

Esto se puede considerar un mensaje negativo, y Jairo Higuita reconoció ser muy crítico del beneficio de normalización tributaria, porque Colombia viene, desde 2014, haciendo normalizaciones, y en cada reforma tributaria, se incorpora una nueva normalización. No es

un mensaje sano para los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.

En el proyecto de ley, hay un tema sui generis, y es que, en activos digitales, la tarifa de normalización es sustancialmente reducida, de 5 %. Esto parece interesante, aunque no se entiende por qué tal tarifa menor para activos digitales, y no para los demás activos, si todos tendrían que estar bajo la misma tarifa del 15 % de impuesto de normalización.

Se podría interpretar, de tal medida, que es mucho más difícil fiscalizar los activos digitales, porque no existe suficiente reglamentación y, la expedida, todavía tiene muchas zonas grises que generan incertidumbre. Esta asimetría no es explicable.

Alivios en sanciones

Finalmente, a propósito de los alivios en sanciones e intereses moratorios por las obligaciones tributarias, el proyecto de rescate económico propone que si se paga

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el 100% del tributo en mora, desde el momento de vigencia de la nueva ley y hasta el 30 de junio de 2027, solo se pagaría el 40 % del valor de las sanciones, con una tasa de interés moratorio de 5 % anual. En este caso tampoco resulta muy positivo el mensaje a los contribuyentes, porque se promueve la tesis de que es mejor no pagar los impuestos a tiempo.

Los alivios en sanciones aplicarían para las obligaciones en mora o en discusión, con corte al 30 de septiembre del 2026. Se insistió en que con estos beneficios, el mensaje a los contribuyentes cumplidos no es muy sano. Conviene llamar la atención de estas propuestas frente a los alivios actuales, contemplados en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, según las cuales hasta el 19 de noviembre de 2026 se pueden pagar las obligaciones en mora a 10 de agosto del 2026, con descuento de 85 %, en sanciones, e intereses a la tarifa de 4,5 % anual. Entonces, los alivios con corte al 19 de noviembre del 2026 son mejores que los del proyecto de ley de rescate económico.

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