Nueva Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades

Aspectos clave de una reforma que redefine el gobierno corporativo

El pasado 2 de julio de 2026, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-000020 (“CBJ”), mediante la cual adoptó una modificación integral de la Circular Básica Jurídica del 12 de julio de 2022. A través de este instrumento, la Entidad introduce cambios y precisiones sustanciales que atraviesan buena parte del derecho societario: redefine los deberes y el régimen de responsabilidad de los administradores, precisa el tratamiento de los grupos empresariales, rediseña la autorización de fusiones y escisiones y unifica en un solo cuerpo normativo —el nuevo Capítulo IX— el sistema de cumplimiento que antes se encontraba disperso en el SAGRILAFT (Capítulo X) y el PTEE (Capítulo XIII).

A continuación, presentamos los aspectos más relevantes de esta actualización y las acciones que las organizaciones deberían comenzar a adoptar para llegar preparadas al cierre de los períodos de transición:

1. Administradores

Para comenzar, en el Capítulo IV, la Superintendencia revela un esfuerzo para reforzar los deberes de conducta exigibles a los administradores, sobre todo a la luz del régimen de conflictos de interés y actos de competencia desarrollado en el Decreto 46 de 2024. En particular:

• Concepto de administrador: Dentro de la definición de “administrador”, además de los sujetos tradicionales (representante legal, liquidador, miembros de juntas o consejos directivos y factor), en esta ocasión, se hizo mención de la figura del administrador de hecho creada mediante la Ley 1258 de 2008 y que aplica únicamente para las sociedades del tipo de la A.S.
• Deber de lealtad: Si bien se mantiene la remisión al artículo 23 de la Ley 222 de 1995, conforme al cual las actuaciones deben adelantarse en interés de la sociedad, la nueva CBJ precisa que el administrador debe evitar obtener beneficios para sí mismo o para un tercero a expensas de la compañía o de sus asociados.
• Deber de diligencia de un buen hombre de negocios: Al contenido de este deber se incorpora un componente nuevo y de alto impacto práctico, a saber, el deber de vigilancia sobre el control interno y la gestión de riesgos. El texto es el siguiente:

“Así mismo, implica el deber de vigilancia sobre el diseño, implementación, mantenimiento y monitoreo de las medidas de control interno y de gestión de riesgos en aspectos materiales, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la sociedad relativos a la alineación de las actividades operacionales con los objetivos estratégicos del negocio, la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, la conservación y custodia de los activos, la prevención y detección de fraudes o errores, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias e internas que resulten aplicables.”

En la práctica, esta inclusión eleva el estándar de conducta del administrador, pues la diligencia ya no se agota en la gestión ordinaria de los negocios, sino que impone al administrador un deber activo de supervisión del sistema de control interno y de gestión de riesgos de la sociedad. Ello conecta el deber de diligencia con los sistemas de cumplimiento y traslada a la órbita de la responsabilidad del administrador las fallas en el diseño o monitoreo de esos controles cuando incidan en aspectos materiales.

• Conflictos de interés y actos de competencia: El numeral 4.4 se reescribió íntegramente para guardar relación con las definiciones del Decreto 46 de 2024, que precisa el alcance del conflicto de intereses y los actos de competencia en cabeza del administrador:

1. Conflicto de intereses: la nueva CBJ establece que existe este tipo de conflicto cuando concurre un interés —directo o indirecto— que compromete el criterio o la independencia del administrador en una decisión.

De forma enunciativa, se relacionan los siguientes supuestos como situaciones que configuran un conflicto de intereses en cabeza del administrador:

1. Actos de competencia: la nueva CBJ señala que son actos de competencia aquellos que implican: (i) la concurrencia en un mismo mercado entre la sociedad y el administrador o un tercero en favor de quien este tenga vocación de actuar; y (ii) la apropiación de oportunidades de negocio que le correspondían o hubieran estado al alcance de la sociedad.

Para determinar su existencia se atiende al objeto social, la actividad económica, las líneas de negocio, el mercado y el ámbito territorial de la compañía. Sin embargo, un punto novedoso de la CBJ es que basta la mera participación en actividades que impliquen competencia con la sociedad para que se configure la infracción del deber. Es decir, la ley no exige que esa competencia sea además “desleal” o que se acredite un ánimo o una práctica restrictiva. Por lo tanto, el administrador no puede exonerarse alegando que su conducta no fue desleal o que no causó un perjuicio concreto, pues el reproche recae sobre el hecho mismo de competir sin autorización del máximo órgano social.

“…lo que trasciende es el hecho de participar en actividades que impliquen competencia y nada más. En consecuencia, no puede el administrador argumentar en su favor que los actos de competencia no tienen el calificativo de desleales, pues tal condición no fue prevista en la ley..”

En uno y otro caso, el administrador deberá agotar el siguiente procedimiento:

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Frente a este último punto, la nueva CBJ menciona que el máximo órgano social podrá impartir autorizaciones generales, siempre que: (i) se trate de operaciones recurrentes y del giro ordinario de los negocios; (ii) se refieran a operaciones que se celebrarán durante un determinado ejercicio social; y (iii) se señalen con claridad y precisión los actos o contratos comprendidos, con su naturaleza, partes y duración. Impartida la autorización general, los administradores deberán llevar un registro fidedigno de las operaciones celebradas a su amparo, que se presentará ante el máximo órgano social en la reunión ordinaria, dentro del informe de gestión, de junta directiva o especial, según corresponda.

Finalmente, la infracción de los deberes de los administradores puede dar lugar a una actuación administrativa o a una judicial, cuyas facultades y alcances son distintos:

2. Matrices, subordinadas y grupos empresariales

En esta materia la nueva CBJ conserva, en lo esencial, el mismo tratamiento de aquellas situaciones de control donde el poder de decisión de una sociedad se encuentra sometido a la voluntad de otra u otras personas, naturales o jurídicas, de cualquier naturaleza.

La única modificación radica en la obligación de revelar la situación de control o de grupo empresarial y sus formalidades, precisando que la declaratoria de situaciones de control o de grupo empresarial no tiene efecto constitutivo, sino declarativo. En otras palabras, la inscripción no crea la situación de control ni de grupo (que surge de la realidad del poder de decisión), sino que se limita a reconocerla y darle publicidad frente a terceros.

3. Nuevo régimen de autorización de fusiones y escisiones

La nueva CBJ rediseña el régimen de autorización general, para lo cual abandona la lista de causales de exclusión y adopta un esquema de condiciones positivas para acceder al régimen general.

Bajo el esquema anterior, aun cuando una operación calificara para el régimen general, debía tramitarse por autorización particular (previa) si se configuraba alguno de ocho supuestos (entre otros, obligaciones vencidas por más de 90 días equivalentes al menos al 20 % del pasivo externo, crédito mercantil no amortizado o pasivos pensionales). Esos ocho supuestos desaparecen y, en su lugar, se extiende el régimen general (esto es, sin acto administrativo particular previo) a las sociedades vigiladas que participen en la reforma y se encuentren bajo situación de control o en el mismo grupo empresarial, siempre que cumplan las condiciones establecidas en dicho artículo.

En consecuencia, el ámbito de la autorización particular se redefine por remisión negativa. Procede cuando la operación no cumple los criterios del numeral 5.4.1, y ancla de forma expresa el control como supuesto de autorización particular en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

4. La unificación del SAGRILAFT y el PTEE

La nueva CBJ crea el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, definido por la propia norma como “un sistema de cumplimiento de carácter obligatorio para los Sujetos Obligados, cuyo objetivo es prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con: Lavado de activos (LA), Financiación del terrorismo (FT), Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), Corrupción Local (C) y Soborno Transnacional (ST)”.

Bajo esta nueva arquitectura, las obligaciones que antes se gestionaban de forma separada (el SAGRILAFT, orientado al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, y el PTEE, dirigido a la corrupción y el soborno transnacional) convergen en un único sistema de cumplimiento, articulado a partir de un mismo enfoque basado en riesgos.

En cuanto a los sujetos obligados, la nueva CBJ cobija a nuevos destinatarios. Además de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, quedan incluidas las cámaras de comercio, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con operaciones permanentes en Colombia.

Este nuevo Sistema tiene como puntos a destacar:

1. Una nueva unidad de medida: la Unidad de Valor Básico (UVB)

La Unidad de Valor Básico (UVB) ahora es el referente para determinar tanto los umbrales que activan el ámbito de aplicación del Sistema como la tasación de las sanciones. La nueva CBJ sustenta esta medida en el artículo 313 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), conforme al cual la tasación de las sanciones de la Superintendencia se efectúa en UVB, cuyo valor corresponderá a aquel vigente al momento de la imposición de la medida sancionatoria.

1. Nuevos sectores en el Régimen de Medidas Mínimas

El Régimen de Medidas Mínimas (RMM), que es el esquema de cumplimiento simplificado, previsto para sujetos de menor tamaño o exposición, amplía su cobertura sectorial. A los sectores que ya venían contemplados se suman cuatro nuevos: el farmacéutico, el de infraestructura y construcción, el manufacturero y el minero-energético.

Los entes económicos quedarán obligados a su implementación con la adopción de la actividad económica y códigos CIIU señalados en la nueva CBJ y registre, a 31 de diciembre del año anterior, ingresos iguales o superiores a  369.676 UVB o activos iguales o superiores a 616.127 UVB.

1. El rol del Oficial de Cumplimiento suplente

La nueva CBJ incorpora la figura del Oficial de Cumplimiento suplente, quien deberá cumplir las mismas calidades, requisitos, responsabilidades y funciones del principal y asumirlas en caso de faltas absolutas o temporales de este. En paralelo, la norma precisa y refuerza los requisitos para su designación.

La designación del Oficial de Cumplimiento principal y suplente deberá comunicarse a la Superintendencia de Sociedades mediante el informe no financiero, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la reunión del órgano que lo designe.

1. Adopción de políticas específicas

El nuevo Sistema exige que los sujetos obligados diseñen y adopten, como mínimo, un catálogo de políticas específicas orientadas a prevenir la corrupción y el soborno, que deberán contemplar procedimientos, controles y sanciones.

Estas políticas deberán articularse, además, con los lineamientos mínimos de Transparencia y Ética Empresarial expedidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

En cuanto a su implementación, la nueva CBJ rige a partir de la fecha de su publicación y establece un régimen de transición que otorga plazo para la adecuación de los sistemas de cumplimiento:

Finalmente, la nueva CBJ reduce el período mínimo de permanencia para quienes dejen de cumplir los criterios de obligatoriedad al 31 de diciembre de un año: dos (2) años para el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST y un (1) año para el Régimen de Medidas Mínimas. Adicionalmente, la Superintendencia podrá ordenar, en cualquier tiempo, la implementación del Sistema a personas jurídicas supervisadas que no sean sujetos obligados.

En síntesis

Más allá de sus múltiples frentes, la reforma comparte un mismo hilo conductor para elevar los estándares de gobierno corporativo. Las disposiciones, en conjunto, apuntan a lograr organizaciones más transparentes y mejor controladas. Anticiparse a estos cambios, y no esperar al vencimiento de los plazos, marcará la diferencia.

En Esguerra JHR acompañamos a nuestros clientes en el diagnóstico, el diseño y la implementación del nuevo marco regulatorio.