El Impuesto de Timbre, entre la ineficiencia fiscal y la dudosa constitucionalidad

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 175 de 2025, que reactivó temporalmente la tarifa del impuesto de timbre al 1 %, han resurgido debates estructurales que vale la pena revisar. Aunque estas discusiones no son nuevas, la reactivación del impuesto en un contexto marcado por la fiscalización digital y la contratación electrónica obliga a replantearlas.

Uno de los principales cuestionamientos es la ineficiencia del impuesto en términos de recaudo y fiscalización. Según un estudio elaborado por la propia DIAN[1], este tributo tiene baja productividad fiscal y un impacto mínimo en los ingresos públicos. Para 2007, cuando la tarifa era incluso mayor, su participación en los ingresos administrados por la DIAN no superaba el 1,5 %, y su contribución al PIB era inferior al 0,5 %. Además, la entidad reconoció que el impuesto es de “manejo engorroso” para contribuyentes y agentes de retención, e ineficiente por su bajo rendimiento recaudatorio. El hecho generador, como puede ser la firma de un documento, no está ligado al ingreso ni al consumo, lo que complica su detección. En palabras del estudio, se trata de un tributo que “no tiene cabida en un sistema tributario moderno”, por sus costos de cumplimiento, su complejidad técnica y su bajo rendimiento.

Un segundo frente de discusión, más técnico, se relaciona con la aceptación de ofertas mercantiles mediante órdenes de compra. En un reciente concepto de relatoría[2], la Administración Tributaria cuestionó esta modalidad en el contexto de contratos de arrendamiento, insinuando que podría configurar un abuso tributario. Sin embargo, esta posición refleja un error conceptual, pues se confunde la oferta mercantil -forma válida de manifestar el consentimiento- con el arrendamiento -tipo contractual-. Negar esta posibilidad equivale a imponer una ritualidad no exigida por la ley, potestad que la Administración Tributaria no tiene. La exención consagrada en el Estatuto Tributario[3] reconoce expresamente esta modalidad, al excluir del impuesto tanto las órdenes de compra como las ofertas aceptadas por ese medio. La postura de la administración no solo desconoce este beneficio legal, sino que introduce una limitación sin respaldo normativo.

Por último, el debate más sensible es el de la constitucionalidad del Decreto 175. Aunque sigue vigente y la Corte Constitucional no se ha pronunciado, existen cuestionamientos sobre su expedición. El Decreto fue suscrito por un ministro delegatario y firmado por funcionarios que no ostentaban la calidad de ministros, lo que vulneraría el artículo 214 de la Constitución, que exige que todo decreto legislativo sea firmado por el Presidente y todos los ministros. En la Sentencia C-207/2025, la Corte declaró la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 131 por razones similares. En este sentido, el Decreto 175 podría ser también inexequible.

Así, el impuesto de timbre, por mucho tiempo percibido como menor, vuelve a ocupar un lugar central en la discusión tributaria nacional.

[1] DIAN – Oficina de Estudios Económicos. Noviembre de 2007. Cuaderno de Trabajo 022: “Generalidades del Impuesto de Timbre en Colombia” Actualización.

[2] DIAN, Coordinación de Relatoría. Concepto 1393 del 14 de mayo de 2025.

[3] Estatuto Tributario. Artículo 530, num. 52.